Nueva victoria de los empleados públicos en su lucha para recuperar la paga extra de diciembre anulada por el Ejecutivo, aunque otra vez limitada en su alcance. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional mostró ayer sus «dudas» sobre la constitucionalidad del decreto del 13 de julio que suspendía el cobro de ese importante complemento salarial, centradas eso sí en «la «irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales», como podría ser la eliminación de esa retribución complementaria con efectos anteriores a su aprobación. La Audiencia considera, además, que el argumento de la crisis económica esgrimido por el Gobierno no justifica la supresión de una extra con efectos retroactivos.
Tan importantes han sido sus recelos que, una vez consultadas las partes (el Estado y los sindicatos), el tribunal ha planteado una cuestión de constitucionalidad, aunque solo aplicable esta vez para el personal laboral del sector público, formado por unas 850.000 personas.
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